El Consejo de la Magistratura tomará testimoniales por el juicio a Díaz Lacava

El Consejo de la Magistratura de la Nación avanza en la investigación contra el juez federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, acusado de amenazas, coacción, abuso de autoridad, malos tratos con el personal e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y en breve tomará declaraciones a las víctimas.

La decisión fue tomada el pasado miércoles. El Consejo resolvió allí tomar declaraciones testimoniales a víctimas, querellantes y otros empleados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa que integra Díaz Lacava.

En principio, para esto hay dos posibilidades: que las víctimas declaren en la ciudad de Buenos Aires y que una comisión del organismo judicial viaje a esta capital provincial para quienes no puedan ir.

Por otro lado, en el marco de la causa judicial contra Díaz Lacava, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca rechazó la recusación del acusado contra el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, por lo que será convocado a prestar declaración indagatoria en los primeros días del mes de junio, según fuentes de tribunales.

"No existiendo ningún elemento objetivo que permita tener por acreditada –respecto del Dr. Baric– la causal que se le endilgara, la pretensión ejercida por el Dr. Díaz Lacava no puede prosperar. Por las razones expuestas, Resuelve: Rechazar la recusación incoada el 11/4/2024 respecto del Dr. Baric", dice la resolución del pasado 3 de mayo.

La acusación.

Actualmente, el acusado tiene una restricción de acercamiento ante los empleados del tribunal a partir de la medida cautelar vigente desde el 19 de abril del año pasado.

Díaz Lacava está imputado por los delitos de amenazas en perjuicio de seis víctimas en un contexto de violencia, maltrato laboral, y para los casos de las mujeres, en un contexto de violencia de género; amenazas agravadas en perjuicio de dos personas por tener como propósito compeler a una persona a hacer abandono del trabajo; lesiones en la salud de cuatro trabajadores; lesiones graves en la salud de una persona por haberla inutilizado para el trabajo por más de un mes; y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por dictar órdenes contrarias a la ley, reiterados en tres ocasiones.