La Justicia cerró la causa por el préstamo del FMI y desvinculó a Macri y Caputo

La Cámara Federal confirmó el archivo de la investigación por el crédito de US$57.100 millones otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri. Los jueces consideraron que se trató de una decisión de política económica adoptada en un contexto de urgencia financiera y que no se acreditaron delitos. La resolución alcanza también a otros funcionarios de aquella gestión que hoy ocupan cargos en el gobierno de Javier Milei.

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el archivo de la causa que investigaba al expresidente Mauricio Macri, al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y a otros funcionarios por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Cambiemos. De esta manera, quedó ratificada la decisión adoptada en febrero por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien había concluido que no existió una conducta delictiva en la toma del crédito.

El expediente se inició en 2019 a partir de una denuncia por presuntas irregularidades en la negociación y aprobación del préstamo, que finalmente alcanzó los US$57.100 millones. La investigación involucró a Macri, al entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, al actual titular del Palacio de Hacienda Luis Caputo y al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, además de otros funcionarios y exfuncionarios.

La Fiscalía había apelado el archivo dispuesto por Capuchetti y reclamado la reapertura de la investigación. Según el planteo del Ministerio Público, la decisión de primera instancia había sido adoptada de manera “prematura” y “arbitraria” y había omitido elementos que podían resultar relevantes para determinar si existieron responsabilidades penales.

Sin embargo, según reflejó Perfil, los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens rechazaron el pedido y confirmaron el cierre de la causa. Para el tribunal, el acuerdo con el organismo internacional se produjo en un “contexto de urgencia financiera reconocida” y no se acreditó que los funcionarios involucrados hubieran actuado con la intención de violar la ley.

Uno de los principales argumentos de la resolución apunta, precisamente, al límite de la intervención de la Justicia sobre las decisiones económicas de los gobiernos. Los magistrados sostuvieron que existen materias propias de los poderes del Estado que quedan fuera del control judicial y remarcaron que el Poder Judicial no debe evaluar el “acierto o desacierto” de las decisiones económicas adoptadas por una administración.

El planteo resulta particularmente relevante porque la causa no discutía solamente la existencia de irregularidades administrativas, sino si esas decisiones podían constituir delitos. En ese sentido, el tribunal entendió que, después de más de cinco años de investigación, no se habían reunido elementos suficientes para sostener una acusación penal.

Funcionarios de ayer y de hoy.

El cierre del expediente tiene además una particularidad política: entre los principales involucrados aparecen funcionarios que formaron parte del gobierno de Macri y que actualmente ocupan lugares centrales en la administración de Javier Milei.

Caputo, que durante el macrismo estuvo vinculado al Banco Central y a la negociación financiera, es actualmente ministro de Economía. Sturzenegger, otro de los nombres alcanzados por la investigación, ocupa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. También había sido investigado el expresidente del Banco Central Guido Sandleris.

La resolución de la Cámara se conoció, además, apenas un día después de que la Sala I quedara nuevamente conformada con la incorporación de Pablo Bertuzzi. El tribunal quedó integrado por Bertuzzi y Mariano Llorens para resolver este expediente.

El momento de la decisión también alimentó las lecturas políticas alrededor del fallo. La nueva integración de la Cámara Federal porteña había intervenido horas antes en otra causa de fuerte repercusión política, vinculada al denominado caso $LIBRA, en el que se investiga la promoción de la criptomoneda por parte de Javier Milei.

Más allá de esas interpretaciones, el efecto judicial de la resolución es concreto: la investigación por el préstamo otorgado durante el gobierno de Macri permanece archivada y los funcionarios involucrados quedan desvinculados del expediente, al menos en esta instancia.

La causa todavía podría ser apelada por la Fiscalía, dado que la Procuración del Tesoro, durante la gestión de Milei, se retiró como querellante.

El fallo no implica, por lo tanto, una evaluación sobre los resultados económicos del acuerdo ni sobre el destino posterior de la deuda. Lo que estableció la Cámara es que, desde el punto de vista penal, no encontró elementos suficientes para sostener que la decisión de recurrir al FMI haya constituido un delito.

Así, uno de los capítulos judiciales abiertos alrededor del mayor préstamo otorgado por el organismo internacional durante la gestión de Macri quedó, por ahora, cerrado. Y entre los beneficiados por la decisión aparece el actual ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los principales responsables de la política económica del gobierno de Milei.