Un fiscal pidió reabrir la investigación por $Libra

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, se hizo eco de un planteo de las ONGs Cipce e Inecip, asumió el ejercicio de la acción penal y requirió al juez del caso $LIBRA que reabra la investigación. El escrito recayó en manos del magistrado Daniel Rafecas, quien está subrogando el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi donde tramita el criptoescándalo hasta el 6 de noviembre.

Según un artículo escrito por Franco Mizrahi para El Destape, el requerimiento de la PIA (que es la Fiscalía Anticorrupción) fue el jueves por la mañana. En ese sentido, detalló que el mismo día el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, propuso al presidente Javier Milei –imputado en $LIBRA- que ascienda a Rafecas: envió este jueves el proyecto de mensaje al Senado para que el Presidente considere enviar su pliego para camarista de la Casación Nacional a la Cámara Alta. ¿Mera coincidencia o presión al magistrado? A juzgar por cómo se movió el expediente $LIBRA, todo indica que lo segundo.

Paso fundamental.

“La intervención de la PIA es un paso fundamental para reabrir la investigación del caso $LIBRA. El juzgado y la Cámara Federal deben garantizar una investigación exhaustiva, proactiva y especializada que permita esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y evitar la impunidad”, afirmó Pedro Biscay, Director Ejecutivo CIPCE, al medio citado.

Asimismo, el artículo indicó que, es de esperar que Rafecas corra vista del planteo de la PIA al fiscal de la causa Eduardo Taiano la semana próxima y que quien termine definiendo sobre la reapertura o no de $LIBRA sea al regreso de su licencia el mismo juez que dictó el sobreseimiento de todos los acusados: Martínez de Giorgi, cuya esposa Ana Juan fue nombrada magistrada federal de Hurlingham por Milei hace tres meses.

Solicitud.

Julián Alfie, en representación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip), y Pedro Biscay, en representación del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) habían solicitado a la PIA la intervención directa en la causa $LIBRA para que apele el escandaloso sobreseimiento que había dictado Martínez de Giorgi en favor de Milei, su hermana Karina y otros 9 acusados involucrados en el criptoescándalo. El cierre del caso fue a pedido del fiscal Taiano.

Este jueves, la PIA, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, se hizo eco del planteo de las dos organizaciones no gubernamentales, asumió el ejercicio de la acción penal y pidió al juez a cargo del expediente que reabra el caso. Concretamente, solicitó "se deje sin efecto" la resolución en que se dictó los sobreseimientos "por entender esta parte que la misma resulta prematura". A su vez, trasladó el escrito de CIPCE e INECIP al mismo magistrado porque se está cuestionando que en el caso no se respetó la Ley de Víctimas.

Corrupción.

La PIA es la procuraduría federal especializada en investigar la corrupción. Y tomó el planteo que le realizaron CIPCE e INECIP porque el fiscal del caso desistió de la acusación y los involucrados en la imputación son funcionarios públicos.

“En respuesta a la presentación que realizamos desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) junto al INECIP, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por Sergio Rodríguez, nos comunicó que se presentó en la causa $LIBRA, asumió el ejercicio de la acción penal y solicitó su reapertura. Además, interpuso un recurso de apelación en subsidio para el caso de que ese pedido sea rechazado”, informaron las ONGs en un comunicado.

Según comunicaron desde CIPCE e INECIP, “la decisión recoge el reclamo que formulamos ante el sobreseimiento prematuro de Javier Milei, Karina Milei y los demás imputados. La intervención de la PIA constituye un paso fundamental para que los hechos sean investigados por un organismo especializado en corrupción, frente a la decisión del fiscal Eduardo Taiano de abandonar la persecución penal”. Y agregaron: “Está en juego la posibilidad de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y comprometen el interés de toda la sociedad”.

Desde las ONGs señalaron que “el cierre del caso dejó sin agotar líneas centrales de investigación: la trazabilidad de los fondos, la recuperación y el análisis de comunicaciones, los posibles acuerdos comerciales y los movimientos de dinero vinculados con los hechos. También cuestionamos la valoración aislada de indicios que deben examinarse en conjunto para reconstruir una posible trama de corrupción. Las limitaciones técnicas o las respuestas incompletas a pedidos de información exigen profundizar la investigación”.

En esa línea, la PIA indicó: "La valoración efectuada respecto de lo que se entienden maniobras de entorpecimiento y ocultamiento desplegadas por algunos de los imputados, resultan indicios que refuerzan, en sentido contrario a la conclusión a la que llega el Sr. Juez, la necesidad de profundizar en los hechos objeto de investigación”.