Las pymes del biodiésel dan pelea

La reforma del régimen de biocombustibles que impulsa el Gobierno nacional, con media sanción del Senado, encendió las alarmas en las dos plantas elaboradoras de biodiésel de La Pampa: Pampa Bio, de General Pico, y Enresa, de Catriló. Las pymes del sector advierten que el nuevo esquema les quita mercado de manera progresiva y que, en el peor escenario, podrían cerrar más de la mitad de las fábricas del país.

En ese marco, bajo el paragüas de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), las firmas de La Pampa, Buenos Aires, San Luis y Entre Ríos, que producen el 65% del biodiésel nacional y rechazan el proyecto, están negociando la introducción de reformas en el ámbito de la Cámara de Diputados. Su director ejecutivo, Federico Martelli, aseguró al portal La Política Online que los gobiernos pampeano, bonaerense y puntano comparten esa postura. “La Libertad Avanza puede tener mayoría, pero consenso no”, afirmó.

El nudo del conflicto.

La iniciativa eleva del 7,5% al 10% el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil. Pero, de acuerdo con el análisis de la cámara, el segmento reservado a las empresas no integradas (pymes) baja de forma gradual hasta el 4% en 2031 y desaparece en 2036. Es decir, que de aprobarse la ley como salió del Senado, en diez años Pampa Bio y Enresa ya no tendrán a quién venderle su biodiésel.

En paralelo, el bioetanol mezclado con las naftas pasaría del 12% al 15%, con seis puntos garantizados para la caña de azúcar y otros seis para el maíz durante toda la vigencia de la ley. Para las pymes, el trato es desparejo: se mejora la situación de las provincias bioetanoleras a costa de las biodieseleras.

A eso se suma la apertura al mercado interno de las grandes aceiteras del polo rosarino, que hasta ahora solo podían exportar. Según Cepreb, esas compañías producen su propio aceite y además abastecen a las pymes con las que pasarían a competir.

Una desventaja de escala.

El aceite de soja explica el 80% del costo del biodiésel. Las plantas regionales deben comprarlo y afrontar el flete, mientras que las empresas integradas operan a mayor escala y con materia prima propia.

La cámara calcula que, si el cupo protegido cae al 4%, el volumen disponible para las pymes bajaría de 902.700 a 481.440 toneladas anuales. En ese escenario cerrarían 14 de las 25 plantas del país, nueve de ellas bonaerenses.

En Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof prepara un régimen de Compre Bonaerense para que las refinerías de La Plata, Campana, Dock Sud y Bahía Blanca prioricen biodiésel de plantas de la provincia, con beneficios impositivos y contratos de abastecimiento. Sus impulsores estiman que podrían disputarse unas 500 mil toneladas al año. Las conversaciones habrían despertado interés en La Pampa y San Luis.

Senadores.

En el Congreso, el diputado pampeano del PRO Martín Ardohain reclamó que la comisión de Agroindustria, que preside, participe del debate en Diputados. Del mismo partido que él, la senadora pampeana Victoria Huala votó favorablemente la media sanción al proyecto de Bullrich, en contra de los intereses de las pymes pampeanas. Por su lado, el radical Daniel Kroneberger no votó por estar ausente y el peronista Daniel Bensusán -que sí estuvo en la sesión de mediados de septiembre- se opuso a la iniciativa.

Cepreb propone llevar el corte al 12,5%, con cinco puntos para las pymes regionales, 2,5 para las no integradas de Rosario y cinco de libre mercado, manteniendo esos segmentos durante toda la ley.

La disputa también partió a la Liga Bioenergética, que había reunido a ocho provincias detrás de una legislación común, y divide al peronismo, donde legisladores santafesinos podrían acompañar la reforma.

Mientras tanto, las pymes pampeanas Pampa Bio y Enresa esperan definiciones que pueden marcar su continuidad.