Diputados: LLA y aliados le dieron media sanción a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada

La Cámara de Diputados le dio media sanción esta tarde al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al que La Libertad Avanza (LLA) le tuvo que ceder y ratificar la ley de Tierras, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y la eliminación del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei, que sostenía la norma sancionada en 2011.

La nueva Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue aprobada por 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstensiones. Estas últimas fueron claves, ya que garantizaron la media sanción del texto. Quienes no expresaron postura fueron los cordobeses de Provincias Unidas Juan Schiaretti, Alejandra Torres, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez, además de Álvaro González, larretista que se sienta en la bancada del PRO.

Los capítulos 38 a 40, que incluían la ratificación de la ley de Tierras, fueron votados por 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstensiones. Al haber más de dos tercios, no puede ser modificado por el Senado.

La ratificación de la ley de Tierras y la eliminación del artículo 154 forman parte de un operativo blindaje del oficialismo para con el mega decreto desergulador del Presidente, que oficia, como señalan voces de la oposición dura, de reforma constitucional encubierta, publicó El Destape.

El DNU 70/23 estuvo cerca de ser rechazado la semana pasada, en una sesión que había sido motorizada por la oposición dura.

Para blindar la integridad del DNU 70/23, LLA sacó del freezer la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Este texto vino del Senado tras una media sanción, que incluyó el retiro de un artículo que vaciaba la ley de Tierras.

El ataque de LLA a esta norma despertó a sectores de la sociedad por fuera del micromundo político y la media sanción se dio con una represión de las fuerzas de seguridad en las afueras del Congreso. La consecuencia política fue que se muteó al autor del texto, el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.

Los argumentos.

El diputado de LLA Santiago Santurio defendió el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, afirmando que "el Estado no puede caprichosamente tomar un bien que no le corresponde".

“Es fundamental que entendamos que respetar la propiedad privada es garantizarle a cada uno que el fruto de su trabajo no se lo va a sacar ni un delincuente ni un burócrata de turno”, afirmó el miembro informante del dictamen de mayoría.

El Destape consignó que por el rechazo, el diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano le recordó al oficialismo que "han vuelto a la ley del peronismo", en referencia a la ratificación de la ley de Tierras, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 

"No sé con qué cara lo van a mirar a León XIV cuando él cree en la función social de la vivienda", les espetó el representante del Frente Renovador, que afirmó que la ley propuesta por el oficialismo es "mirada desde la Ciudad de Buenos Aires y desde la fundación Heritage", un think tank libertario de Estados Unidos.

A su turno, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro afirmó que el oficialismo está “reculando en chancletas" al proponer "dejar sin efecto un artículo de un DNU (70/23) totalmente inconstitucional que defienden a capa y espada".

Desde Provincias Unidas, Martín Lousteau afirmó que con el proyecto del oficialismo se "encarecen" las expropiaciones y "acorta los plazos para responder una demanda por desalojo"

También pidió la derogación del DNU 366/25 a través del cual "uno puede adquirir ciudadanía por 350 mil dólares" ya que habilita a los extranjeros a comprar tierras, por fuera de los topes que establece la ley de Tierras.

Qué establece el proyecto.

En las comisiones, el oficialismo aceptó insertar artículos al proyecto: uno que establece eliminar el artículo 154 del mega DNU desregulador que deroga la ley de Tierras y otro que plantea la vigencia de esta norma, sancionada en 2011.

El texto que vino del Senado establece criterios más rígidos para las expropiaciones (ley 21.499). En ese sentido, la declaración de utilidad pública será de "interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo". También estipula un tope de lucro cesante de un 30% del valor del daño emergente.

Además, incluye modificaciones a la ley Pierri (24.374), por que podrán acceder a pedir un titulo de propiedad quienes ocupen un inmueble de forma pacífica, ostensible y continua durante diez años.

El capitulo II, por su parte, realiza modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial. En el artículo 679 del primero, se modifica para establecer que el desalojo de un inmuebles se sustanciará por el procedimiento el juicio sumarísimo, que es más expeditivo que el juicio sumario, que figura en la legislación actual.

También se propone la incorporación al artículo 1222 del Código Civil y Comercial en el que se establece que en caso de falta de pago, el locador tiene diez días de corrido para recibir el pago. En caso de el locatario no cumpla, el propietario "puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley".

Finalmente, se establece la creación en la ley de Registro de la Propiedad Inmueble (17.801) de un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, que promoverá la creación de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria, "consistente en un portal web que permita a los ciudadanos profesionales legitimados solicitar, abonar tasas y recibir informes, certificados y copias expedidas por cualquier registro de la propiedad inmueble del país".