Aterradora situación

La conmoción causada por la inexplicada desaparición del pequeño Loan Peña ha sido tan grande que, al margen de las investigaciones que se realizan, obliga a mirar de frente y sin tapujos una situación, la del país, que aparece aterradora. Basta con analizar los entretelones que anteceden al caso como para avalar un diagnóstico de miedo, donde casos similares se observan en personas e instituciones también detectables en otros lugares. Son sucesos que parecen indicar una descomposición acelerada de la sociedad argentina acorde, claro está, con las alocadas ideas de destrucción del Estado que proclama el gobierno.

A medida que transcurre el tiempo, sin noticias concretas –van dos semanas- se hacen cada vez más evidentes los errores de procedimiento de las instituciones responsables: Policía y Justicia. Baste señalar que al trascender el hecho ni siquiera se ordenó un ajuste y cierre inmediato de las fronteras provinciales, en tanto que las posteriores declaraciones de los funcionarios judiciales, fiscales especialmente, aparecen ahora prácticamente vacías de contenido. Dentro de ese accionar puede inscribirse la demora en transferir el caso a la Justicia Federal (se efectivizó hace recién un par de días) y la nula intervención del organismo nacional abocado a la trata de personas, una de las posibilidades a considerar. En realidad, poco podría haber hecho esta entidad ya que, después de haber sido señalado como ejemplar en su tarea por parte de sus similares del resto del mundo, fue desmantelado y borrado del organigrama nacional por el presidente Milei, cuyos efectos de “motosierra” empiezan a manifestar su gravedad. Otra asombrosa irregularidad en la falla de del procedimiento fue la absoluta falta de peritaje en los teléfonos celulares de quienes se podrían haber considerado relacionados con el suceso, ¿Es que la destitución y arresto del comisario de Nueve de Julio, el pueblo aledaño, se justifica en alguna relación con lo sucedido?

Las circunstancias de la desaparición del niño también aparecen como merecedoras de sospechas, desde la reunión que la precedió hasta los rastreos consecuentes, con un detalle muy digno de atención: la consternación del intendente del pueblo aledaño, que en sus declaraciones remitió a casos similares ocurridos en la zona, algo avalado por referencias de parte de la población, que a posteriori cayó en un sugestivo mutismo.

Que el hecho haya sucedido en una zona donde el narcotráfico funciona sin mayores problemas agrega otra sugestión a lo ocurrido.

Finalmente, y aunque resulte francamente repugnante, no se puede descartar que, sin dejar de lado el suceso en sí mismo, se esté utilizando como una forma distractiva de la opinión pública ante la desastrosa situación económica que vive la Argentina. Nótese la tardía e inexplicable actuación de la ministra de Seguridad, quien -arrogándose potestades que no tiene- quiere imponer silencio a las actuaciones sobre el caso. Y más: la falta de la más mínima declaración del Presidente viajero ante un caso que, en uno u otro sentido, hubiera requerido su palabra.

Como se ve, las irregularidades sobran pero la dolorosa evidencia es que el destino incierto, terrible acaso, de un niño de cinco años se cierne como una sombra sobre un país en decadencia.