Alzan la voz contra Milei y la ministra Bullrich

Desde esferas del Gobierno provincial hay un motivo más de desacuerdo con la administración de Javier Milei, y tiene que ver con el proyecto para modificar el régimen penal para los menores, bajando la edad en la que puedan ser imputados. El propio presidente expresó hace horas que se trabaja en esa posibilidad, y luego el Ministerio de Seguridad que está a cargo de Patricia Bulrrich oficializó el anuncio: “Cumpliendo con el mandato del presidente Javier Milei de terminar con la impunidad, enviamos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que establece un nuevo régimen penal para los adolescentes de entre 13 a 18 años que delinquen”.

Aunque el debate viene planteado desde hace algún tiempo, nunca se había considerado bajar la edad a 13 años. Pero no resulta extraño que este gobierno nacional que se caracteriza por conculcar derechos pasando incluso por encima de la Constitución Nacional, avance con la cuestión. Es más, paralelamente no faltan los que pretenden con oportunismo político habilitar a los menores para que puedan votar incluso desde esa edad.

Pensamientos que chocan de frente con algunas intervenciones tan nefastas como haber desmantelado la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, y de dar de baja a gran cantidad de programas de protección de los menores.

La Pampa, en contra.

Juan Pablo Bonino, subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, sostuvo que el gobierno pampeano “está absolutamente en contra de la baja de la edad de imputabilidad, por varias razones. En primer lugar, porque es anticonstitucional dado que la Convención Internacional prohíbe la regresión en materia de Derechos de la Infancia, y aquella decisión iría en contra de esta disposición convencional. Por otra parte está totalmente demostrado en todo el mundo que disminuir la baja de edad de imputabilidad no tiene ningún resultado práctico, no sirve como prevención del delito, ni mucho menos”.

El subsecretario agregó que “también es cierto que la incidencia delictual, incluso de menores de entre 16 y 18 años, es ínfima en comparación con la totalidad de los delitos, y ni hablar de adolescentes menores de 16 años. Es decir, se nos quiere hacer creer que aumentó en forma abrumadora el delito juvenil o infantil y esto no es cierto, no está corroborado por ninguna estadística de ningún Poder Judicial”.

Mayor inclusión.

Bonino razonó que el posicionamiento del gobierno nacional no sería otra cosa que “de demagogia punitiva que, lamentablemente por tratarse de menores es apoyada por buena parte de la sociedad. Pero que en realidad no va a resolver el problema de la delincuencia juvenil, que aunque sea muy baja existe”.

Y añadió que “la única manera de erradicar la delincuencia juvenil es con mayor inclusión, con mayor desarrollo, con mayores posibilidades, con mayores derechos, no con más represión. En un país en donde el 60% de los pibes están por debajo de la línea de pobreza, pensar que la solución pasa por encarcelarlos y cuanto más chicos mejor, nos parece de una regresividad gravísima”.

“Evidentemente esto tiene que ver y forma parte todo de un mismo plan. Porque a la vez que por un lado el gobierno pretende bajar la edad de imputabilidad a 13 años, por otro desde hace seis meses se encuentra llevando adelante acciones que culminan con el vaciamiento de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, que es el organismo nacional rector en materia de derechos para el sector. Y asimismo ha desmantelado los programas que ya hacía mucho tiempo se venían desarrollando en todo el país: el Plan Nacional de Primera Infancia, el Programa de Apoyo al Egreso, entre otros. Son un montón de políticas públicas y de políticas que ya eran de Estado que han sido desmanteladas en cinco meses”, apuntó el funcionario.

Los programas apuntaban a la provisión de cuidado integral para los niños y niñas de grupos vulnerables, con énfasis en la promoción del estado nutricional, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial.

“Ignorancia”.

Bonino contó que “hoy la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Nacional tiene 600 empleados menos, algunos con mucho trabajo territorial y mucha formación. Es decir, ante la eliminación de todas las políticas públicas vinculadas con niñez y con la adolescencia, la única respuesta que encuentra el gobierno de Milei es la pretensión de bajar la edad de punibilidad a 13 años”.

Y opinó que “declaraciones como las que hizo el presidente de que a un delito de adulto le corresponde la pena de adulto es ignorar toda la doctrina y lo que existe en materia de adolescencia. Creer que un niño a los 13 años tiene un desarrollo madurativo igual a un adulto es una ignorancia realmente incomprensible”.

No obstante dijo que sí se comparte “y es necesario establecer un nuevo régimen penal para adolescentes, porque el que tiene nuestro país es inconstitucional y está desde la época desde la época de la dictadura. Por supuesto que lo que me parece es que más allá de hablar de la edad de imputabilidad lo que correspondería es discutir un régimen penal que brinde a los adolescentes en conflicto con la ley penal derechos que hoy no tienen”.

Documento.

El defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meacca, por su parte, dio a conocer el documento de todos los defensores y Defensoría Nacional sobre la cuestión (ver nota aparte). “Allí está explicitada nuestra opinión y además está desarrollada técnicamente cual es la posición ante el tema de la baja de imputabilidad”, afirmó.

En tanto, desde el Superior Tribunal de Justicia, el presidente del cuerpo José Sappa le dijo a este diario que “hasta que no haya algo concreto no es sano ni prudente dar opiniones”.

Recomendación de defensorías.

Los defensores y las defensoras de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Misiones y Santiago del Estero recomendaron al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación y a los gobiernos y legislaturas provinciales la derogación del Decreto-Ley 22278 (Régimen Penal de la Minoridad) y la sanción de una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil o Justicia Juvenil que se adecue a la Convención sobre los Derechos del Niño, los estándares de derechos humanos de esa población y de los tratados generales de derechos humanos con rango constitucional.

El texto lleva las firmas, además, de la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, y el Defensor adjunto, Juan Facundo Hernández.

En ese sentido, pidieron que se garantice la especialización y capacitación permanente para todos los actores del subsistema de justicia penal juvenil (funcionarios y personal); que se sostenga una edad mínima de responsabilidad no inferior a los 16 años, debajo de la cual, se prohíba la intervención del derecho penal; que se incluya un repertorio de medidas alternativas al proceso y a la privación de libertad, donde esta sea excepcional; que se establezcan plazos máximos para la privación de libertad (cautelar o sanción); y que se establezca la permanencia bajo el amparo de la ley penal juvenil de quienes alcancen la mayoría de edad estando procesados/as o condenados/as por delitos cometidos siendo menores.

A su vez, recomendaron desarrollar información estadística sobre la justicia juvenil uniforme a nivel nacional y federal e instar a los poderes ejecutivos de las 24 jurisdicciones a cumplir con el acta acuerdo firmada en el marco de la 39º Sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia destinada a promover la creación, fortalecimiento y adecuación del funcionamiento de dispositivos especializados en adolescentes.