La Pampa apoya la iniciativa de Massa

"Me parece una muy buena propuesta de un candidato a presidente y ojalá consiga el consenso suficiente para concretarla”. Con esas palabras, el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, respaldó la propuesta que hizo Sergio Massa (Unión por la Patria) para enviar a prisión a los que dañen el medio ambiente, particularmente los humedales.

Tal como indicó este diario en su edición de ayer, durante el debate presidencial el candidato de Unión por la Patria propuso reformar el Código Penal para que quienes dañen al medioambiente sean condenados a prisión efectiva. En ese marco, incluyó la destrucción de los humedales, algo que La Pampa ha sufrido a raíz del corte del río Atuel por parte de Mendoza. “Vengo planteando desde 2014 la reforma del Código Penal para que quienes contaminen ríos, talen bosques o destruya un humedal vaya a prisión, de 3 a 8 años de prisión”, señaló.

Esta propuesta fue bien receptada en La Pampa, debido a que el anuncio tiene fuertes implicancias para nuestra provincia y su conflicto con Mendoza. Esto se debe a que el corte unilateral del río Atuel por parte del distrito vecino ocasionó un importante daño ambiental, que provocó la degradación de los humedales y prácticamente los hizo desaparecer.

Sanción penal.

En diálogo con LA ARENA, Lastiri destacó que “fue una definición importante y es una propuesta con intencionalidad clara, que esperamos pueda concretarse”. Según el funcionario pampeano, “desde esta visión se podría avanzar con una sanción penal para quien afecte un humedal, tale un bosque o genere alguna contaminación, y es algo con lo que estaremos totalmente de acuerdo”.

De todos modos recordó que “Mendoza lleva tres años sin cumplir un fallo de la Corte Suprema y hace más de diez años que se discute un proyecto de Ley de Humedales sin resolverse. Me parece una muy buena propuesta de un candidato a presidente y ojalá consiga el consenso suficiente para concretarla”.

Por su parte, la fiscal de Estado Romina Schmidt resaltó que, si bien no leyó el proyecto de ley, la "tipificación de las conductas contra el ambiente sería muy positiva para cuidar los recursos y una forma más de controlar los daños ambientales”.

Según la fiscal de Estado “el cuidado del ambiente está reglamentado por la vía administrativa y tiene abordaje judicial a través del fuero civil, pero no cuenta con tipificación penal”. Por eso, “encuadrarlo desde una rama del derecho que no lo tiene contemplado resultaría una excelente iniciativa; sería muy interesante poder tipificar los delitos ambientales”.

San Juan.

Tal cual fuera publicado el lunes por este diario, el jueves pasado la Fiscalía de Estado de San Juan remitió a la CSJ un escrito de 181 páginas, acusando a La Pampa de perseguir beneficios políticos y económicos, y señalando que esta provincia “tiene excedentes de agua que desaprovecha por inoperancia y mala gestión”.

De acuerdo a un artículo publicado por el Diario de Cuyo, a siete años de la petición presentada para crear un Comité de Cuenca del río Desaguadero-Salado-Chadilveuvú-Curaco, y tras las intimaciones del máximo tribunal, finalmente el fiscal de Estado Jorge Alvo envió una respuesta rechazando la iniciativa con insólitos argumentos. “Venimos analizando esta cuestión desde hace muchos años y tenemos claro los argumentos que Mendoza y San Juan utilizan sistemáticamente, entre ellos que no tienen ríos interprovinciales”, recordó Lastiri.

Según el funcionario pampeano, “los sanjuaninos consideran que los ríos Jáchal y San Juan terminan en la laguna Guanacache, y niegan la existencia del río Desaguadero”. De todos modos aclaró que, “si bien resulta una postura histórica que seguramente han reiterado ahora en su contestación de demanda, la Corte Suprema ya ha considerado que esta cuenca abarca desde Catamarca hasta su desembocadura en el Atlántico y que resulta el sistema hídrico más grande del país, más allá de que Mendoza y San Juan nieguen su interprovincialidad”.

Un eterno boicot.

Lastiri recordó que “durante el último tiempo la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación ha convocado a reuniones para trabajar en la conformación de este comité y esas provincias cuyanas nunca participan porque su postura es boicotear cualquier iniciativa destinada a conformar organismos de cuenca y no reconocer la interjurisdiccionalidad”.

En cuanto a las imputaciones de “intereses económicos y políticos” que impulsaron la petición pampeana, respondió que “es totalmente falso”. Lastiri aseguró que “La Pampa no pretende ningún provecho económico y jamás pedimos regalías. Nuestro reclamo es que haya un caudal mínimo ambiental en ese cauce y continuidad en la escorrentía”.

En ese contexto, reiteró que “en la demanda presentada ante la Corte solicitamos claramente que debe cesar el daño ambiental producido a lo largo de 600 kilómetros, en un río que cruza la provincia en toda su extensión y no trae ni una gota de agua. Pedimos un caudal mínimo, continuidad en el cauce y que no construyan nuevos embalses que perturben el escurrimiento, pero nunca planteamos percibir regalías por sus diques”.

De todos modos, “aunque ellos se opongan, las demás provincias seguimos avanzando en la creación de un comité de cuenca que regule el uso del agua en toda la extensión” del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó. En ese contexto, durante la última reunión “las restantes jurisdicciones elaboramos un borrador del estatuto para constituir el Consejo de Gobierno”, recordó.